Las declaraciones recientes del Presidente Yamandú Orsi, quien afirmó que en Uruguay «nos fuimos de mambo» con la laicidad, reavivaron un debate fundamental sobre la identidad republicana del país. Esta discusión se intensificó con una campaña de la Intendencia de Montevideo sobre desaparecidos durante la dictadura, utilizando recursos estatales para difundir mensajes de contenido político.
Frecuentemente se reduce la laicidad a la simple separación entre Iglesia y Estado o a la ausencia de religión oficial. Sin embargo, la tradición laica uruguaya construyó un concepto mucho más amplio. La laicidad constituye «un principio de neutralidad estatal frente a toda doctrina religiosa, política o ideológica», garantizando libertad e igualdad para todos los ciudadanos.
El Estado, por pertenecer a todos, no puede asumir posiciones políticas, ideológicas o religiosas específicas. Uruguay edificó su estabilidad institucional sobre esta idea republicana: un Estado neutral que no impone creencias.
Presentar la defensa de la laicidad como exageración resulta equivocado. Constituye uno de los rasgos más valiosos de la tradición democrática uruguaya. Aunque la laicidad no supone indiferencia ante temas nacionales, las instituciones públicas deben abordar causas sensibles con pluralidad y sentido republicano, evitando convertir el aparato estatal en instrumento de propaganda ideológica.
Existe diferencia sustancial entre promover memoria y reflexión, versus utilizar recursos públicos para difundir mensajes políticos desde instituciones que representan a toda la ciudadanía. Cuando el Estado abandona neutralidad, aunque sea en nombre de causas legítimas, debilita un principio esencial de convivencia democrática.
La laicidad posee dimensión educativa frecuentemente olvidada: supone educación verdaderamente plural, orientada a formar ciudadanos libres, capaces de acceder a distintas corrientes de pensamiento y construir críticamente su propio juicio, sin imposiciones ni visiones únicas desde el poder público.
Constituye herramienta de emancipación intelectual e integración social. Su finalidad no es formar ciudadanos que piensen determinadamente, sino personas capaces de pensar autónomamente. La educación pública uruguaya fue históricamente garante principal de ese ideal republicano, promoviendo formación de ciudadanos libres con pensamiento crítico.
Junto con gratuidad y obligatoriedad, la laicidad contribuyó a igualar oportunidades entre personas de distintos contextos económicos, sociales y culturales, convirtiendo la escuela pública en poderoso instrumento de cohesión nacional. La verdadera educación laica no transmite verdades oficiales ni moldea conciencias: brinda conocimientos y herramientas para desarrollar libremente el propio proyecto de vida.
Defender laicidad no significa silenciar debates ni negar dolores históricos. Significa preservar marco de respeto e igualdad donde todas las personas convivan en libertad, sin que el Estado incline la balanza hacia determinada visión ideológica.
El verdadero riesgo quizás no sea que Uruguay «se haya ido de mambo» con laicidad, sino comenzar a relativizar uno de los principios que mejor protegieron la convivencia republicana históricamente. La laicidad no constituye exceso de cultura uruguaya; constituye precisamente uno de los pilares sobre el cual Uruguay edificó su convivencia democrática, republicana y plural.
Fuente: Correo de los Viernes